DESAFÍOS DE LA "CULTURA SIN COMPRADORES"

El rol del Estado frente a la cultura en la actual economía de mercado es un enigma que abre a diversas indagaciones. Algunas de ellas son tratadas, sin ninguna ambición totalizante, en el siguiente artículo.

Por Gustavo Pablos
 
 

No es sencillo interrogarse sobre los temas que se desprenden de la categoría "política cultural". En primer lugar, se hace dificultoso urdir un recorte y definir el territorio que agrupe a los hechos, eventos y procesos que se encuentran bajo su área de influencia, porque en él conviven diversas experiencias de la vida cotidiana. Es por eso que la sencilla pregunta que surge en un primer momento, y que prevalece sobre cualquier otra, es la siguiente: ¿de qué hablamos cuando pronunciamos esas dos palabras -"política" y "cultural"- que parecen remitir a dimensiones aparentemente opuestas, pero que una vez juntas -"política cultural"-, crean una categoría de indudable peso en la vida de los conceptos actuales? 

Algunos pensarán que "política cultural" designa o bien los eventos culturales, artísticos, turísticos, etc., que un gobierno decide producir por propia iniciativa, o bien a todo aquello que apoya y promociona pero que responde a una gestión privada. En el primer caso, el fin que un Estado debe perseguir con esas iniciativas es dar a conocer a los autores, obras o proyectos que, por diferentes motivos, no cumplen con los requisitos necesarios -por el formato, la extensión en el tiempo y el espacio, los soportes, el carácter innovador- para ingresar en el circuito comercial de las producciones culturales. En el segundo caso, el fin del Estado es colaborar con dinero o recursos en los emprendimientos de asociaciones empresariales que, por la misma cualidad de privados, tienen un marcado carácter comercial y están destinados a un circuito masivo (colaboración que, en todo caso, se justifica si es para contribuir a la exportación de esos productos o fenómenos artísticos masivos a otros países). Entre esas dos modalidades que alientan la vida de la cultura, hay un sector que se denomina independiente y que, si bien sabe pronunciarse como autónomo respecto a las instituciones y a los fondos del Estado, a menudo se encuentra atrapado en la inconveniencia de pertenecer al rubro de "la cultura sin compradores". No obstante, ¿a qué me refiero cuando escribo "la cultura sin compradores"? A todas aquellas expresiones que, de una u otra forma, están relacionadas principalmente con la idea de experimentar nuevos lenguajes, formas y soportes y que, por eso mismo, no pueden ingresar -o, por lo menos, no en un primer momento- en la agenda de los espectáculos comerciales. 

De todos modos, quiero dejar durante unos párrafos este problema para indagar sobre los alcances de la categoría "política cultural". De manera más amplia se la puede definir como la serie de decisiones, procesos y posiciones que el gobierno de un Estado asume para preservar el patrimonio cultural del país y de sus ciudadanos. También debo aclarar que al escribir patrimonio no me refiero únicamente a las expresiones artísticas y culturales, es decir, a los contenidos materiales, tangibles: las obras de arte, arquitectónicas, a los paisajes, sino también a los contenidos inmateriales, intangibles, como los saberes y estilos que genera una comunidad y que circulan libremente en ella sin que cristalicen, necesariamente, en obras (o, en todo caso, en obras singulares). Si el patrimonio no es algo cerrado, clausurado, sino una suerte de tesoro vivo y en permanente transformación, quienes se dedican a su gestión y administración deben ser responsables de crear las condiciones para propiciar un diálogo entre el pasado y el presente, para que de ese encuentro surjan nuevas obras y testimonios que se extiendan hacia el futuro (con el potencial de recordarnos el pasado del cual provienen). 

Una de las dificultades para pensar lo que un gobierno hace o deja de hacer en el área cultural, descansa en el prejuicio, fuertemente asentado en vastos sectores de la comunidad artística e intelectual, de que "cultura" y "política" no pueden pensarse como dos territorios con un denominador común. Pareciera que el arte debe funcionar -y, antes que nada, definirse- como un espacio de negatividad, de clausura o de puesta en suspenso de aquello que entra bajo la categoría de "política". No obstante, ya sea por afirmación o por negación, el arte no puede desconocer su relación con la política y sus instituciones, porque es precisamente en esa tensión donde se articulan algunos de sus sentidos más intensos. Tal vez la tensión entre el arte y la política puede conducir a que cada uno perciba al otro como necesario o superfluo, pero nunca a desconocer la relación -secreta o abierta- en que siempre se han encontrado (aunque, con frecuencia, deban pasar unos años hasta poder descubrir la forma que ésta alcanzó).

Algunas de las teorías y de los movimientos del siglo XX hicieron hincapié en que ese alejamiento era necesario para que la creación pudiera desplegarse sin la subordinación a ningún condicionamiento más allá de los que ella misma se imponía. Pero también hay ejemplos en otra dirección, el de un arte político, un arte que se interroga por esa relación como también por su entorno y cómo éste afecta -o ingresa en- sus propias condiciones de producción (tanto la obra de Brecht como algunas de las expresiones del arte de los años sesenta pueden ser una señal de esta tendencia). 

No obstante, en este artículo me interesa subrayar un problema más cercano, sin detenerme en especulaciones más ambiciosas que me obligarían a una meticulosa revisión de la historia -o de las historias- del arte en el último siglo. Quizás los interrogantes que justifican este merodeo, esta divagación sin demasiado rigor pero con algunas intuiciones disponibles para ser interpeladas, pueden cristalizar en una pregunta perturbadora para la actual economía de mercado: ¿debe el Estado, la esfera pública, garantizar la continuidad de la cultura (de las obras y las prácticas culturales) de la misma manera que asegura -o debería asegurar- la conservación y revisión del patrimonio artístico? Frente a esta pregunta me inclino por una respuesta afirmativa. 

La cultura necesita del Estado para existir. El argumento para justificar esta posición se puede presentar con una reflexión de Bourdieu: "Si el valor de las obras está en una correlación negativa con la extensión del mercado, las empresas culturales sólo pueden existir y subsistir gracias a los fondos públicos". Bourdieu se refería a todas aquellas iniciativas vinculadas a los medios y a las instituciones (radios, canales de televisión, museos, etc.), pero también al empuje necesario que el Estado debe realizar sobre los productores y los productos culturales más independientes. Tal vez alguien pueda preguntarse, ¿por qué, hoy, en un período de globalización y uniformización casi omnipotente, el recurso de apelar al Estado? Quizás por eso mismo, porque en este período histórico es el Estado, aunque no solo, el que puede garantizar la existencia de "la cultura sin compradores", y sus instituciones las que deben actuar para hacerlo posible. 

Si bien es necesaria la independencia o autonomía del arte respecto del Estado, es importante que éste reconozca a los autores y las obras no destinadas a -o imposibilitadas de generar- un público masivo, para que accedan a condiciones favorables que les permitan continuar existiendo. Pero no sólo de arte se trata, sino también del pensamiento y de la reflexión: de los argumentos textuales que hacen de contexto, de caja de resonancia, interviniendo sobre las experiencias del arte en una u otra dirección -ya sea legitimando o no las producciones- y, en definitiva, garantizando siempre su continuidad. 

Pero, ¿de qué modo debería darse ese apoyo? Si la respuesta positiva a la primer pregunta pudo ser fundamentada, es decir, si bien es claro que el Estado debe acompañar a la cultura, para merodear la otra respuesta es necesario ingresar en el interior del diseño de una "política cultural". Cuando entramos en el tema del diseño de una "política cultural", una de las sospechas que surge enseguida es que sus agentes u operadores no están preparados para responder a preguntas que no se encuentran en su horizonte de expectativas. Y eso es, quizás, lo que los brasileños tienen muy claro desde hace años. Saben muy bien de qué trata la "maldita" palabra cultura. Cualquiera que trabaja en esa área no necesita incorporarla a su agenda porque es, precisamente, la dimensión de la cultura la que organiza su agenda (y no a la inversa). Mientras que en Argentina sucede todo lo contrario: es frecuente que los que se dedican a las actividades culturales se perciban a sí mismos como "parientes pobres y de origen dudoso" ante quienes han sido nombrados para administrar el capital cultural del país. No obstante, son esos agentes los que no dudan en utilizar el poder de convocatoria como también de control social que les otorga su función, para administrar y para extorsionar -en dosis ajustadas e iguales- con el dinero que no les pertenece un patrimonio que, en muchos casos, no han aprendido a merecer.

 
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